Canal de denuncias interno (Ley 2/2023): qué empresas lo necesitan, requisitos y sanciones
Qué es el canal de denuncias interno
La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, traspone la directiva europea de protección del denunciante (whistleblower). Obliga a las organizaciones a contar con un Sistema interno de información, comúnmente llamado canal de denuncias, para que cualquier persona pueda comunicar infracciones de forma segura.
Qué empresas están obligadas
- Empresas del sector privado con 50 o más personas trabajadoras.
- Todas las entidades del sector público.
- Con independencia del número de empleados: partidos políticos, sindicatos, fundaciones y empresas en ámbitos como servicios financieros, blanqueo de capitales o seguridad del transporte.
Las empresas de entre 50 y 249 trabajadores pueden compartir recursos para la gestión del canal, pero cada una sigue siendo responsable de su sistema.
Requisitos del sistema
- Permitir denuncias por escrito, verbales o ambas, y presenciales si se solicitan.
- Garantizar la confidencialidad de la identidad del informante y de los terceros mencionados.
- Admitir denuncias anónimas.
- Acusar recibo en un plazo de 7 días y dar respuesta en un máximo de 3 meses.
- Llevar un libro-registro de las informaciones recibidas, respetando la normativa de protección de datos.
El Responsable del Sistema
La empresa debe designar a un Responsable del Sistema, una persona o un órgano colegiado encargado de la gestión del canal y de la tramitación de los expedientes. Debe ejercer su función con independencia y autonomía, sin recibir instrucciones, y su nombramiento se comunica a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.).
Protección frente a represalias
La ley prohíbe expresamente cualquier forma de represalia contra el informante: despido, sanciones, cambios de funciones perjudiciales o exclusión. Las personas que informen de buena fe quedan protegidas, lo que refuerza la cultura de cumplimiento de la organización.
Plazos y sanciones
La obligación ya está plenamente en vigor para todas las empresas afectadas. El régimen sancionador es severo:
- Infracciones leves: multas de hasta 100.000 €.
- Infracciones graves: hasta 600.000 €.
- Infracciones muy graves: multas de 600.001 a 1.000.000 €, además de posibles sanciones accesorias.
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Preguntas frecuentes
¿Qué empresas deben tener canal de denuncias?
Las del sector privado con 50 o más personas trabajadoras, todo el sector público y ciertas entidades obligadas con independencia de su tamaño, según la Ley 2/2023.
¿Se admiten denuncias anónimas?
Sí. El sistema interno de información debe permitir la presentación de denuncias anónimas y garantizar la confidencialidad del informante.
¿Qué plazos hay para responder una denuncia?
Debe acusarse recibo en un máximo de 7 días y resolverse en un plazo no superior a 3 meses desde la recepción.
¿Quién es el Responsable del Sistema?
La persona u órgano designado por la empresa para gestionar el canal con independencia y autonomía, comunicado a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
¿Qué sanciones se aplican por no tener canal?
Las infracciones muy graves pueden alcanzar multas de hasta 1.000.000 €, junto a otras sanciones accesorias previstas en la Ley 2/2023.
Aviso legal: Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal. La información puede no ser completa, exacta o estar actualizada. Para cuestiones legales específicas de tu empresa, consulta siempre a un profesional cualificado en derecho laboral o a tu asesoría.